La discusión sobre el nombre parece un asunto de etiqueta, pero delimita el objeto. La definición más citada, la de Casteel y Quimby en 1975, entiende la antropología marítima como el estudio de las culturas, sociedades y subculturas del mar, en cualquiera de las subdisciplinas antropológicas: etnología, arqueología, lingüística, antropología física. Es una definición ancha, y ahí está a la vez su mérito y su problema.

Me fijo en lo que deja fuera y en lo que mete dentro. Quedan fuera las poblaciones que viven de la pesca fluvial o lacustre, que no son pocas ni marginales. Y entran dentro poblaciones que dependen del mar pero no de la pesca, sino del comercio marítimo. Pascual Fernández prefiere por eso hablar de antropología de la pesca, porque se ajusta mejor a los problemas y a los trabajos que realmente componen el campo. Acheson, en cambio, usa ambos términos casi como sinónimos, y esa indistinción ha sido la norma: la diferenciación terminológica ha preocupado sorprendentemente poco.

La aportación que más me interesa es la de Geistdoerfer, que propone el rótulo no para afirmar que exista una antropología específica de las sociedades marítimas, sino para señalar que dentro de la antropología hay unas técnicas de observación y unos modelos de análisis particulares aplicados a sociedades cuya actividad principal les es propia, y que apenas se habían explicitado. Es un desplazamiento útil: el campo no se justifica por tener un objeto exclusivo, sino por haber desarrollado herramientas ajustadas a él.

El problema del status disciplinar

La actividad pesquera tiene un carácter eminentemente cinegético. Entre el pescador y el recurso median siempre unos elementos técnicos y unas habilidades específicas de las especies que se quieren capturar: primero hay que buscar el pescado en el agua, y una vez localizado hay que apresarlo, con técnicas activas —anzuelo a mano, arpones, chinchorros— o pasivas —nasas, palangres—. Sobre ese pescado, además, el pescador tendrá muy poco control.

Ese es el aspecto fundamental que diferencia la actividad y le da su carácter cinegético: la falta de control sobre la reproducción del recurso. Los ecosistemas donde se pesca no presentan ningún grado de domesticación. Lo más que puede hacerse es autolimitar las capturas cuando parece que se rebasa el punto de rendimientos decrecientes, pero determinar cuánto esfuerzo soporta un ecosistema marino sin dañarlo es endiabladamente difícil, y esas medidas no siempre funcionan. Aumentar la productividad o la velocidad de reproducción de los recursos resulta casi imposible, de modo que la dependencia de la aleatoriedad del entorno es enorme.

Hay también recolección, y conviene que no la olvide porque suele quedar fuera del relato. El marisqueo era más que frecuente en las unidades domésticas de los pescadores artesanales canarios: mientras los hombres salían a la mar, las mujeres se quedaban en tierra y obtenían un complemento para la dieta en forma de lapas o cangrejos. Aquí el instrumental es mínimo y el recurso —concentrado y de alta densidad— se obtiene muchas veces con las manos limpias.

Qué diferencia a estos cazadores de los cazadores «de tierra»

El matiz de Faris que recoge Pascual Fernández me parece imprescindible: no hay que fijarse tanto en el tipo de recurso o de producción como en cómo se organiza esa producción, en las relaciones sociales en que las personas se insertan y en las fuerzas productivas que emplean. Una clasificación que agrupe a los arrastreros de Hull con los cazadores australianos porque ambos «cazan» dice muy poco. Aun así, la pesca conserva similitudes importantes que derivan del tipo de producción y, sobre todo, del medio en que se desarrolla.

Los pescadores intentan «poseer» los recursos desde hace milenios, y para ello desarrollaron barcos y útiles que durante mucho tiempo evolucionaron poco y presentaban una notable uniformidad en todo el mundo. Lo que sí elaboraron, y en grado altísimo, no fueron tanto medios técnicos específicos como medios intelectuales: un conocimiento del medio que les permite situarse con precisión sobre una superficie plana y aparentemente indiferenciada.

A ese conocimiento se le suma el aprendizaje de una serie de habilidades consustanciales al oficio, que muchas veces requieren un saber hacer muy especial: lo que en distintos lugares de la península se conoce como tener «xeito» o «jeito». La síntesis de Galván me parece difícil de mejorar: en la pesca, y sobre todo en la artesanal, los medios intelectuales y el manejo de la información resultan tanto o más decisivos que el instrumental material.

Pero esos medios intelectuales tienen límites. Los ecosistemas sobre los que se pesca poseen cadenas tróficas complejas y mal conocidas; con frecuencia se ignora la influencia real de la actividad pesquera en la reproducción de las especies y las posibilidades futuras de la pesquería. Ese desconocimiento reaparece, convertido en problema político, en el Tema IV.

La agricultura sucede sobre un terreno que apenas se mueve y que puede marcarse, dividirse y poseerse. El mar no. Los recursos pesqueros se desplazan, las poblaciones cambian de zona según las estaciones, las corrientes y la temperatura del agua, y el espacio carece de límites visibles. Esa diferencia física tiene consecuencias directas sobre la propiedad y sobre las formas de controlar el acceso.

No es que en el mar falte control: es que el control es de otra naturaleza. Cambia con el ambiente y no se deja cristalizar en propiedades fijas. De hecho, los sistemas precoloniales de apropiación documentados en el Pacífico por Johannes y Ruddle incluían liberar el exceso de capturas, vedas, tabúes sobre ciertas áreas equivalentes a zonas de veda estricta, zonas reservadas para pescar solo con mal tiempo y restricciones de artes permitidos. Cualquier parecido con las herramientas de gestión contemporáneas no es casual: la implicación de los usuarios en la gestión de los recursos no tiene nada de nuevo.

En el plano internacional, la historia reciente es la del cierre progresivo de un espacio que se decía abierto: del mito de que la mar es de todos se pasó, en pocos años, a una zona económica exclusiva de doscientas millas casi universal. En el mar sigue siendo difícil poner alambradas, pero los bancos de peces continúan siendo recursos comunes que los pescadores de una u otra nación intentan apropiarse.

Se habla con frecuencia de la pesca como actividad depredadora que conduce al colapso de los recursos. El dato incómodo es que la mayor parte de los colapsos documentados se relacionan con pesquerías industriales, no con las artesanales, que agrupan alrededor del noventa por ciento de los pescadores del mundo y de las que procede en torno a la mitad del pescado capturado.

El discurso está fuertemente marcado por la posición de Garrett Hardin en su trabajo de 1968 sobre la tragedia de los comunes, que generaliza mucho más allá de lo razonable. El argumento supone que un recurso de acceso libre está condenado a la sobreexplotación porque a cada usuario le conviene individualmente extraer una unidad más. La objeción antropológica es que Hardin confunde libre acceso con gestión comunal: la mayoría de los territorios de pesca históricamente documentados no eran espacios sin dueño, sino espacios con reglas — informales, no escritas, pero vigentes y vigiladas por la propia comunidad.

De ahí que la respuesta política que se deriva de Hardin —o privatizar o estatalizar— sea, vista desde la etnografía, un falso dilema. Esta discusión la retomo completa en el Tema III y sostiene toda la argumentación del Tema IV.

En algunos ecosistemas la variabilidad de las capturas es enorme, y con ella la incertidumbre. La pesca industrial trata de reducir ese factor con medios de detección electrónica muy sofisticados, medios de navegación y motores potentes que dan gran movilidad. Así, la actividad pasa de tener un acento marcado en el trabajo y la habilidad del pescador —dependientes de un conocimiento del medio aprendido durante generaciones— a estar controlada por el radar, la sonda, los barcos factoría, los congeladores y los informes meteorológicos de las agencias gubernamentales.

A medida que crece el aparataje técnico necesario, aumenta la dependencia del capital foráneo y los pescadores cambian su estatus de cazadores libres por el de empleados de grandes empresas: proletarios de la mar. Y sin embargo —y esto es lo que me parece más interesante del caso— la tecnificación no elimina el riesgo ni la imprevisibilidad. Ni siquiera inversiones muy importantes de capital han conseguido modificar la naturaleza cinegética de la pesca, que sigue siendo en muchos aspectos reacia a la toma racional de decisiones.

Cuatro patrones de adaptación · Lögfren, sobre la Suecia preindustrial

Breton propuso una periodización en tres momentos que Galván retoma y que se ha convertido en la referencia habitual. No es un detalle erudito: cada etapa explica qué preguntas se hacían y cuáles no.

Las cuatro estrategias de investigación

Una estrategia de investigación es el marco conceptual, la teoría y los procedimientos que un grupo emplea en su trabajo. Muy pocos autores se comprometen del todo con una sola; las manejo más como plantilla para leer el campo que como etiquetas cerradas.

La pesca artesanal es uno de esos conceptos que parecen claros a primera vista y se vuelven problemáticos en cuanto intento precisarlos. Empiezo por dimensionar el fenómeno, porque las cifras corrigen de entrada la impresión de que hablamos de algo residual.

Datos de FAO (2012), The state of world fisheries and aquaculture. Me sirven para abrir la respuesta: el sector minoritario en tonelaje es mayoritario en personas.

Las definiciones institucionales se han apoyado en criterios técnicos. La Unión Europea ha venido usando el límite de los doce metros de eslora sin arrastre, un criterio simplista y tajante. El Parlamento Europeo ha manejado una fórmula algo más matizada: menos de quince metros, mareas de menos de veinticuatro horas, venta en fresco y ausencia de arrastre.

El problema es que la realidad es un continuo, no una categoría homogénea. Va desde explotaciones familiares de pequeña escala, con fuerte arraigo local y escasa capitalización, hasta unidades de gran volumen —en capital y medios técnicos— e intensivas en capturas y en uso de combustible. Reducir esa diversidad a una cifra de eslora o a un tipo de arte borra las diferencias internas del sector y produce políticas mal ajustadas.

Y hay algo más grave: las definiciones técnicas dejan fuera las dimensiones que dan sentido al oficio. El vínculo con el territorio, la transmisión intergeneracional del conocimiento, la inserción comunitaria y la dependencia directa de los ecosistemas locales. Para muchos pescadores, ser artesanal no es una cuestión de tamaño del barco, sino una manera de relacionarse con el mar, con los compañeros y con la comunidad. Hay ahí una identidad profesional que no se deja encerrar en una normativa administrativa.

En la pesca artesanal canaria el reclutamiento de las tripulaciones sigue mayoritariamente un modelo basado en la familia nuclear o extensa. Y me interesa leerlo no como nostalgia ni como inercia, sino como respuesta a la incertidumbre. Cuando los ingresos son aleatorios, el trabajo peligroso y el reparto se hace a la parte, se necesita gente de la que uno pueda fiarse sin contrato, que acepte una mala racha sin marcharse y con la que compartir información sensible no suponga un riesgo.

Blehr formalizó esta intuición con el concepto de kith, alternativo al de parentela, para el estudio de los grupos de trabajo en sociedades de parentesco bilateral. El kith lo componen las personas relacionadas por lazos consanguíneos o de afinidad que envuelven obligaciones mutuas, tanto más intensas cuanto más cerca del núcleo — los hermanos, por ejemplo. Lo que tengo que retener es la consecuencia: una tripulación no tiene por qué organizarse alrededor de una sola persona, porque cada tripulante puede aportar gente de su propio kith. El grupo de trabajo se construye sobre una red de lazos diádicos, no sobre un grupo corporativo cerrado. Ahí están las bases de la teoría de redes sociales.

El mundo del barco

Este es probablemente el epígrafe con más rendimiento en el examen, porque me permite defender una tesis y no limitarme a describir. El sistema a la parte consiste en repartir el producto de la marea en porciones: una o varias para los medios de producción —barco, artes, motor— y una para cada tripulante. Aparece bajo esa misma forma tanto en la pesca artesanal como en la industrial. Pero la función que cumple en cada una es completamente distinta.

Alegret documenta esa asimetría en Palamós comparando la composición orgánica del capital de las tres flotas —arrastre, cerco y la llamada artesanal, con palangre, trasmallo y soltes—: mientras en la flota artesanal los productores son en su mayoría propietarios, en la industrial la proletarización está consumada.

Un matiz canario que quiero tener a mano: Siches observa que, si en épocas pasadas se extraía un porcentaje importante para los medios de producción, en la actualidad ese porcentaje ha disminuido, reforzando los lazos en el interior de la unidad productiva. La razón es prosaica y reveladora — los pescadores no propietarios abandonan la actividad tentados por otros sectores, y hay que retenerlos.

El cambio tecnológico en la pesca artesanal no consiste en una marcha lineal hacia más potencia. Los tres casos canarios que estudia Pascual Fernández muestran trayectorias distintas y hasta divergentes, y esa divergencia es precisamente el dato.

Sobre ese sustrato se superponen dos transformaciones generales: del remo y la vela al motor y el barco cabinado, y la aparición de nuevas formas de capitalización e inversión. La inversión en la pesca artesanal tiene un rasgo que la distingue de la agricultura y que señala Breton: el trabajo difícilmente puede incorporarse al recurso —no se «mejora» un banco de peces como se mejora una finca— y el capital es muchas veces más circulante que fijo, por el carácter perecedero de los instrumentos de producción.

De ahí la noción de tecnología adecuada: la innovación que resulta viable no es necesariamente la más eficaz en capturas, sino la que encaja con la escala de la unidad doméstica, con su capacidad de endeudamiento y con la estructura del mercado al que vende. Forman lo mostró con los pescadores de balsas brasileños: no les compensaba pasar a barcos convencionales porque eso habría implicado depender de gente de tierra que aportara el capital y se llevara la mayor parte del beneficio. Renunciar al cambio tecnológico puede ser una decisión racional — y reversible si cambian las condiciones.

Una estrategia adaptativa es el conjunto de actuaciones que la gente emplea para obtener y usar recursos y resolver los problemas inmediatos que se le presentan; los procesos adaptativos son los cambios producidos a lo largo del tiempo por el uso repetido de esas estrategias. La distinción, tomada de Bennett, es la herramienta central del grupo canario y conviene que la maneje con precisión, porque confundirlas es el error más fácil.

La circulación del producto es donde se juega buena parte del beneficio, y donde la unidad doméstica vuelve a aparecer como protagonista. En las tres comunidades canarias estudiadas, las estrategias de comercialización van de la venta directa a la intermediación, y su historia tiene nombres propios: las burriqueras de antaño en Agaete, y el caminar de las mujeres en Tajao y El Pris, que llevaban el pescado a los pueblos del interior. La situación actual añade vendedoras, bares e intermediarios.

Las cofradías ocupan aquí un papel doble que no conviene simplificar. Son instituciones de derecho público con una historia larguísima —muchas entidades pesqueras se remontan al siglo XII— que intervienen en la comercialización, controlan el acceso y organizan al colectivo; y son, a la vez, un actor político cuya fuerza o debilidad condiciona todo lo que veré en el Tema IV. Franquesa subraya que estas entidades han aplicado tradicionalmente sistemas de derechos de pesca que aseguraban la sostenibilidad del recurso y la gestión a costes racionales.

Los conflictos por los recursos y por el mercado no son un accidente. En el caso español, Pascual Fernández señala conflictos planteados por grupos socioeconómicos distintos, por diferentes artes de pesca, por diversas utilizaciones de los productos, por el acceso a las zonas y por los privilegios de ciertos grupos. Que la administración no distinga entre estos intereses es una de las causas de que sus medidas fracasen.

Durante mucho tiempo la antropología de la pesca miró al barco, y en el barco no había mujeres. El resultado fue una etnografía incompleta, porque buena parte de la actividad pesquera se sostiene en tierra. En las unidades domésticas canarias las mujeres marisquean, procesan, venden y gestionan; los ingresos complementarios que aportan —jornaleras del tomate, trabajadoras domésticas, vendedoras de pescado, gangocheras, burriqueras— son los que permiten a la unidad absorber las malas rachas.

Ese trabajo apenas se contabiliza, lo que tiene consecuencias muy concretas: derechos laborales, cotización, reconocimiento profesional y voz en las organizaciones. La subordinación económica convive con formas de autoridad femenina en el espacio doméstico y con una división del trabajo que no es simplemente jerárquica.

La relación entre ambos modelos no es solo de competencia por el recurso: es también de articulación, porque comparten mercados, infraestructuras portuarias y marcos normativos pensados casi siempre a la escala de la flota mayor. Los cinco problemas siguientes son los que quiero tener ordenados para responder a la pregunta clásica del examen.

Empiezo separando dos cosas que en tierra van juntas y en el mar no: propiedad y territorialidad. La propiedad es un título sobre un espacio delimitado. La territorialidad es la capacidad efectiva de controlar quién usa un espacio y cómo. En el mar puede haber territorialidad intensa sin ninguna propiedad reconocida, y esa disociación es lo que me interesa retener.

La territorialidad marina se sostiene sobre tres soportes que conviene que distinga bien, porque en el examen puedo desarrollarlos como una tipología:

Conviene que recuerde que los casos clásicos de la bibliografía van en la misma dirección: los lobster fiefs de Maine que describe Acheson, con territorios de hecho defendidos por grupos de pescadores sin ningún respaldo legal, o la territorialidad entre los pescadores islandeses que analiza Pálsson. Ninguno de esos territorios existe en el registro de la propiedad, y todos funcionan.

Aquí retomo lo del Tema I y le doy la vuelta política. Si el conocimiento del medio —fondos, corrientes, comportamiento de las especies, marcas en tierra para situarse— es lo que hace productivo a un pescador, entonces ese conocimiento es capital. Y como todo capital, se acumula, se hereda, se protege y se disputa.

El circuito tiene tres momentos que me conviene distinguir. La adquisición es lenta y práctica: años embarcado, primero como rapaz, observando y probando. La salvaguarda es el secreto propiamente dicho. Y la transmisión controlada es la parte más interesante, porque explica por qué el reclutamiento por parentesco que vi en el Tema II no es una supervivencia arcaica: se enseña a quien no va a competir contigo, o a quien, si compite, lo hará dentro de la misma unidad doméstica.

Alegret señala en Palamós exactamente esta doble cara: el acceso a los medios intelectuales imprescindibles para la producción se preserva mediante el secreto tanto en lo referente a las técnicas como, sobre todo, a la localización exacta de los pesqueros; y el intercambio de información por canales informales es consustancial a la pertenencia a un grupo. Es decir, el secreto no aísla a cada pescador: dibuja fronteras entre grupos.

Este es el epígrafe con más sabor etnográfico del tema y el que más rendimiento me da si me toca desarrollar un caso. La lógica es sencilla de enunciar: si no puedo impedir físicamente que otro cale sus nasas donde calo yo, sí puedo impedir que sepa dónde calarlas. El secreto sustituye a la valla.

Lo que más me interesa de aquí es la consecuencia contemporánea, porque la voy a necesitar en el Tema IV. Si el secreto era la forma de apropiación y la tecnología lo vuelve inútil, los pescadores se quedan sin su mecanismo histórico de control del territorio. Pascual-Fernández lo plantea como uno de los argumentos que explican por qué los pescadores profesionales llegan a demandar la creación de áreas marinas protegidas: las estrategias previas de apropiación basadas en el conocimiento son cada vez más irrelevantes, y las formas de defensa perimétrica, antes antieconómicas, ahora resultan factibles. La reserva marina viene a hacer, con papel oficial, lo que antes hacía el silencio.

La frase la dicen los propios pescadores, y esa es la trampa. Funciona como una ideología profesional igualitaria —nadie es dueño del mar, todos tenemos el mismo derecho a probar suerte— que convive perfectamente con prácticas de exclusión muy efectivas. Cuando un pescador dice que la mar es de todos, casi siempre está reclamando su derecho a entrar en un sitio, no renunciando al suyo sobre otro.

En el plano histórico, el mito se desmonta solo. En pocos años se pasó de una cierta laxitud en la expresión de la soberanía sobre la franja marina adyacente a cada nación a una zona económica exclusiva de doscientas millas casi universal. El mar se ha ido cerrando, y lo ha hecho de arriba abajo.

La tragedia de los comunes y su crítica

Hardin publica en 1968 el argumento que va a dominar el discurso durante décadas: en un recurso de acceso libre, a cada usuario le conviene individualmente extraer una unidad más, y la suma de decisiones racionales produce la ruina colectiva. De ahí deduce que solo hay dos salidas, privatizar o estatalizar.

La objeción antropológica —que es la que tengo que saber desarrollar, porque es el eje del tema— es que Hardin confunde libre acceso con gestión comunal. La mayoría de los territorios de pesca históricamente documentados no eran espacios sin dueño sino espacios con reglas: informales, no escritas, pero vigentes y vigiladas por la propia comunidad. McCay y Acheson articulan esa crítica en The question of the commons, y los sistemas precoloniales del Pacífico que recogen Johannes y Ruddle la ilustran: liberar el exceso de capturas, vedas, tabúes sobre ciertas áreas equivalentes a zonas de veda estricta, zonas reservadas para pescar solo con mal tiempo, restricciones de artes permitidos.

Dicho eso, no quiero caer en el idealismo inverso. Que existan reglas comunales no significa que siempre funcionen ni que sean equitativas: pueden excluir a los recién llegados, reproducir jerarquías internas y colapsar cuando cambian la tecnología o el mercado. Lo que la crítica desmonta es el automatismo del argumento, no la posibilidad del colapso.

Esta clasificación es la que me permite responder con precisión en vez de con impresiones. Cada régimen define quién puede entrar, quién decide y quién vigila.

A esta tipología le añado los sistemas de conocimiento indígena, que no son un quinto régimen sino la base cognitiva sobre la que se sostienen los comunales: el conjunto de saberes locales acumulados sobre el ciclo del recurso y su reproducción, que permiten diseñar reglas ajustadas al ecosistema concreto. La gestión pesquera contemporánea los ha ignorado durante mucho tiempo y solo recientemente empieza a reconocerlos —y aun así, como veré en el Tema IV, sigue habiendo una jerarquía clara entre el saber técnico-científico y el local.

Los conflictos por el territorio no son un fallo del sistema: son el sistema funcionando. Y me conviene tener claros los dos niveles en que se producen, porque tienen lógicas distintas. Los dos casos canarios que trabaja Pascual Fernández me sirven exactamente para eso.

La lección general que extraigo: la envidia y el secreto no son defectos morales de los pescadores, sino los mecanismos sociales con que se regula un acceso que ninguna ley regula. Leerlos como pintoresquismo sería justo el error que la antropología marítima vino a corregir.

Hasta aquí todos los actores del tema competían por el mismo recurso. La novedad contemporánea es que el litoral se ha llenado de gente que no quiere el pescado, sino el espacio. Y eso cambia la naturaleza del conflicto, porque ya no hay un lenguaje común en el que negociar.

La tensión de fondo con el turismo la formulé ya en la respuesta que desarrollé sobre este asunto y me sigue pareciendo la formulación correcta: es una tensión entre el mar como espacio de producción y el mar como espacio de consumo estético. Para el pescador el mar es trabajo; para el turista es ocio. Con el buceo recreativo pasa algo parecido: lo que para unos es fuente de ingresos y disfrute, para otros se vive como una invasión de su espacio habitual de trabajo.

Para la pesca artesanal esto es especialmente delicado porque su actividad depende de la proximidad a la costa y de zonas muy concretas, conocidas y trabajadas durante generaciones. Cuando una parte de ese espacio se transforma en reserva, en zona turística o en área de uso exclusivo para otra actividad, no se pierde solo un caladero: se pierde una parte del territorio simbólico y productivo. Por eso muchos de estos conflictos no son solo económicos, sino identitarios.

Esta afirmación programática sintetiza toda la postura de la antropología marítima ante la administración de pesquerías, y me conviene entender bien por qué. En la ordenación pesquera no se trabaja directamente sobre la biomasa marina: el hecho administrativo tiene lugar sobre las poblaciones de pescadores. Los organismos encargados de controlar la pesca se preocupan de la situación de las especies, pero las medidas que toman inciden únicamente sobre el esfuerzo pesquero y, por tanto, sobre quienes lo realizan. La administración de pesquerías administra pescadores, y solo a través de ellos pretende administrar unos recursos comunes.

Digo «pretende» a conciencia, porque otros factores que afectan a las especies —la contaminación, los vertidos de escombros o tierra— no reciben ni de lejos la misma atención. Se asume un esquema condicional simple: el antecedente es el esfuerzo pesquero, el consecuente el estado de las poblaciones, y la percepción que de él tienen los administradores actúa como retroalimentación sobre las unidades productivas.

Dos definiciones de pesquería, y por qué elijo la segunda

Pero incluso esa segunda definición arrastra un problema que Pascual Fernández señala y que me parece el punto más fino del texto: en ella se sigue considerando a la administración como exógena al sistema. Y esa posición exógena es más que cuestionable, porque los administradores están muy conectados con productores, industrias de procesado y consumidores, y todos se ven afectados por las reglas que aquellos imponen. Introducir el hecho administrativo dentro del sistema permite examinar su función controladora sobre las demás instancias de la pesquería.

Aquí tengo el argumento empírico más contundente de todo el tema, y además es canario, así que lo puedo usar sin depender de literatura ajena.

Los datos que maneja la administración pesquera se reducen básicamente a inventarios de barcos con la potencia de sus motores, recuentos de capturas anuales, número de pescadores por comunidad y estudios sobre la plataforma submarina. Y muchos de ellos son directamente erróneos. El ejemplo que recoge Pascual Fernández: un voluminoso informe oficial sobre recursos de Gran Canaria atribuía a la comunidad de Agaete unas catorce falúas con motorización de entre diez y quince caballos, más tres mayores, con datos de 1983. La realidad es que el número de falúas podía ascender a unas cuarenta y sus motorizaciones pasaban muchas veces de los cuarenta y cinco caballos, llegando en ocasiones a setenta.

El segundo problema no es de exactitud sino de naturaleza. Blake lo formulaba para el caso indio: las cooperativas y los departamentos de pesquerías existen dentro de marcos organizativos que pueden proveer los datos necesarios para comprender los departamentos, pero no están suficientemente informados sobre los pescadores como para ofrecer una imagen precisa de su cultura más allá de recuentos estadísticos. Esa falta de soft data —información cualitativa y precisa sobre las cuestiones que contextualizan y enlazan los datos de población, barcos, artes y capturas— provoca que los datos duros carezcan de sentido y resulten incomprensibles aunque sean ciertos. No basta con conocer elementos aislados: hay que saber cómo se enlazan y cómo interaccionan.

Y hay un tercer problema, de método. La política investigadora en las islas también ha fallado: los trabajos emprendidos por científicos sociales con auspicio de organismos oficiales pecaron de querer abarcar demasiado en muy poco tiempo, con metodologías de encuesta y poca observación directa que pudiera falsar los datos de los informantes. Pollnac lo generaliza: se espera de los científicos sociales que conduzcan su investigación en un período irrealmente corto, sea por fallos de las agencias promotoras o por no percibir la complejidad de las variables implicadas.

Por qué esto importa: las cuatro implicaciones

Las medidas de administración pesquera, sobre todo si se enfocan como conservacionistas, pueden tener para los pescadores implicaciones significativas en cuatro grandes apartados que conviene que memorice, porque son un esquema perfecto de respuesta:

Un descenso en los ingresos o un desplazamiento hacia otras actividades puede resultar traumático si no se evalúa previamente su magnitud. Y la cuarta implicación es la que enlaza con todo lo que viene después: una norma percibida como caprichosa se incumple, por muy correcta que sea técnicamente.

El argumento de fondo es sencillo: si uno de los fines de la administración pesquera es conservar el pescado, se pasa con demasiada facilidad de ese principio a la asunción gratuita de que para lograrlo basta con saber mucho de pescado, y de que no es tan fundamental conocer la industria pesquera ni la vida de los trabajadores del mar. Con ese enfoque se escapan tanto el grupo social de los pescadores como el sector de transformación y los consumidores. Y como pescado y pescadores forman parte del mismo ecosistema, estudiar cada uno por separado resulta, cuando menos, irrelevante.

Frente a eso, el modelo que me interesa retener es el de los Scientific and Statistical Committee de los Management Councils norteamericanos. El del Golfo de México estaba compuesto, con datos de 1985, por siete biólogos, dos economistas, un abogado, un sociólogo y un antropólogo. Su función era proveer consejo experto al Consejo sobre el desarrollo de la política de administración, la preparación de planes y la efectividad de estos una vez en operación. Otra experiencia interesante fue crear dos subcomités, uno de biólogos y otro de ciencias sociales, que analizaban por separado las propuestas, intercambiaban síntesis de sus posturas y elevaban recomendaciones a un Consejo formado por pescadores deportivos y profesionales, representantes del sector de transformación, mayoristas y consumidores.

El equivalente europeo son los Consejos Consultivos, órganos por pesquería y por cuenca donde se sientan sector, científicos, ONG y administración. Comparten con el modelo americano la intención y buena parte de las limitaciones: quién está representado, con qué peso y si sus aportaciones vinculan o solo asesoran.

Tres términos que tiendo a usar como sinónimos y que en el examen tengo que distinguir con precisión. Gobierno es el aparato institucional y su autoridad formal. Gestión es el conjunto de operaciones técnicas para administrar un recurso: cuotas, vedas, licencias. Gobernanza, en la definición de Kooiman y sus colaboradores, es el conjunto de interacciones públicas y privadas desarrolladas para solucionar problemas sociales, incluyendo la formulación de los principios que guían esas interacciones: transparencia, equidad, corresponsabilidad, legitimidad y consistencia.

La diferencia práctica está en el foco. El modo tradicional de gobierno es jerárquico y rígido: autoridad y responsabilidad centralizadas, liderazgo de arriba abajo, énfasis en la aplicación de la ley y el control, metas definidas desde arriba. Gobernar con gobernanza significa entender el sistema como abierto, con múltiples grupos de actores interactuando, cada uno con sus intereses: autoridad descentralizada, liderazgo difuso, énfasis en el autocontrol basado en el compromiso y metas definidas en red. Gobernar, dicho breve, no es mandar sino coordinar relaciones y negociar el conflicto.

Lo importante es que ninguno de los tres es el bueno en abstracto: cada uno resulta adecuado para escenarios específicos, y en sociedades con Estado siempre habrá algo del tercero. La combinación se rige por el principio de subsidiariedad — que cada decisión se tome en el nivel más bajo capaz de tomarla bien.

La gobernanza interactiva parte de reconocer el carácter multidimensional del sistema a gobernar. Este presenta cinco propiedades, y para cada una el sistema de gobierno necesita una cualidad correspondiente y una función institucional que la haga operativa. Este es el esquema de Jentoft y es, con diferencia, el contenido con más rendimiento del tema.

A esas cuatro hay que añadir la escala variable: a veces muy grande, a veces muy reducida, y casi nunca coincidente con la escala a la que se legisla. Es el mismo desajuste de escalas que anoté en el Tema II entre normativa europea y actividad local.

La gobernabilidad no es sinónimo de gobernanza: es la relación entre el sistema a gobernar y el sistema de gobierno, y la calidad de su interacción. Preguntar por la gobernabilidad de una pesquería o de un área protegida es preguntar si ese emparejamiento funciona. Y la respuesta puede ser que no: Jentoft insiste en que la gobernabilidad tiene límites, y que no todos los escenarios permiten las mismas posibilidades.

Los principios de la gobernanza

Y los de procedimiento

El concepto lo formulan Chuenpagdee y Jentoft, y es la aportación más específica del grupo de investigación al que pertenece la asignatura. La idea es que la etapa de preimplementación es tan importante como la implementación: si el comienzo es inadecuado, puede que la iniciativa no tenga éxito por mucho que se intente después.

Los elementos que hay que decidir en ese momento inicial son: quién debería estar implicado, quiénes deberían conducir el proceso, cómo debería comunicarse y discutirse la idea, y cómo deberían tomarse las decisiones y asegurarse los compromisos.

Un elemento clave es quiénes son los promotores, porque eso influye de forma decisiva en las percepciones futuras del diseño institucional. La inspiración de los proyectos ha venido con demasiada frecuencia de la academia o de grupos conservacionistas, con largos períodos entre las primeras propuestas de extraños y la adopción de esas imágenes por los usuarios. Los mejores casos son aquellos en que los promotores son los grupos de usuarios implicados definitivos, los que reúnen legitimidad, urgencia y poder en el sentido de Mikalsen y Jentoft. Los peores, los que se imponen casi de arriba abajo.

También el marco temporal es decisivo: una vía rápida para construir un área protegida suele ser contraproducente, y muchos proyectos llevan más de cinco años desde las primeras propuestas hasta la implementación. En ese tiempo hay que proporcionar información, cambiar imágenes, compartir experiencias, alcanzar consenso y diseñar instituciones. Las imágenes, en el sentido de Kooiman y Bavinck, son los juicios y asunciones sobre elementos fundamentales como la relación entre sociedad y naturaleza o el papel del gobierno; uno de los procesos centrales al construir un área protegida es lograr que converjan entre grupos con intereses distintos.

Antes de entrar en los casos, conviene que sitúe la cuestión conceptualmente. Un área marina protegida no es una solución técnica: es una institución social, un hecho social total en sentido maussiano, cuya complejidad trasciende la conservación. Hablar de una implica hablar de reglas —más o menos explícitas, formales o informales— que regulan el acceso o el disfrute que un individuo o grupo puede hacer de un elemento o territorio marino. Esas reglas forman parte de sistemas más amplios de relaciones sociales, no tienen por qué vincularse con la conservación, no están exentas de conflicto y no tienen por qué ser democráticas. Toda iniciativa de protección genera siempre un juego de inclusiones y exclusiones, y de legitimidades.

Además, una figura de este tipo hace tres cosas a la vez: adjudica derechos, preserva usos o excluye usuarios; facilita el mantenimiento del patrimonio marítimo y las culturas costeras, o conduce a su deterioro; y crea potencialmente una atracción turística, con todas sus ventajas y sus problemas.

Las tres etapas en España

Una consecuencia que me interesa subrayar: las áreas marinas protegidas españolas se han implementado formalmente como espacios de múltiple uso con distintos grados de restricción, lo que las diferencia enormemente de la imagen popular internacional de la veda estricta o no-take zone. Y suelen obedecer a una visión en la que la naturaleza aparece siempre relacionada con la gente; cuestión distinta es con qué grupos sociales.

El cuadro comparativo que tengo que saber usar

Dos cronologías para contrastar

Los elementos comunes a ambos casos son cinco, y los uso como esquema de respuesta: existía algún tipo de liderazgo, en la administración o en el sector; los recursos podían mejorarse o preservarse; había instituciones o experiencias previas de cogestión; en ambos se cambiaron mentalidades, costumbres y formas de hacer las cosas; y el proceso de transformación y creación de nuevas instituciones, que llevó tiempo, fue decisivo. La presencia de cofradías resultó especialmente importante.

El panorama de la protección marina en España está hoy plagado de propuestas procedentes de colectivos a medio camino entre la sociedad civil y las administraciones. Ya no son las autoridades pesqueras las que hablan de áreas protegidas, sino asociaciones conservacionistas, plataformas ciudadanas y consejos científicos establecidos ad hoc para convocatorias de financiación. Esa pluralidad de voces puede reflejar una menguante capacidad de movilización del sector artesanal en un escenario de conservación globalizado; puede ser resultado del compromiso de posiciones ambientalistas cada vez más activas; o puede ser un reflejo bienintencionado de la tendencia a externalizar con agentes no solo servicios, sino relaciones que tradicionalmente ha mantenido el Estado con los profesionales del mar. Esa externalidad puede socavar una relación histórica que en algunos casos se remonta al siglo XII.

A esto se añade que ya no basta con tener la oportunidad política o social para crear un área protegida: hace falta también una oportunidad económica que soporte el papel de esos nuevos agentes intermediarios. De ahí que casi todo pueda enmarcarse bajo el discurso conservacionista y del desarrollo sostenible, desde una limpieza de playa hasta una jornada de pesca — se puede vivir la protección y vivir de la protección.

Los problemas perversos

La incertidumbre a la que abocan la gestión pesquera, la de las áreas protegidas y el cambio global responde a lo que Rittel llamó wicked problems: resultan de la interacción de varios factores que rara vez se conocen plenamente, que no están causados ni se hallan bajo el control de un solo actor, y que además no impactan de manera uniforme sobre los distintos grupos humanos a los que afectan. Por eso constituyen un terreno donde, de forma irremediable, hay que examinar las relaciones entre gobernantes y gobernados: son problemas difícilmente abordables por un solo agente político o económico.

Y sobre todo ello se superpone el cambio global, que obliga a recuperar el enfoque clásico sobre las estrategias de adaptación de las poblaciones humanas imbricadas con los sistemas marinos, en un escenario donde los límites de los actores tradicionales se diluyen y la escala de los impactos se extrema. Los nuevos usos —economía azul, eólica marina, minería submarina, urbanización del litoral, acuicultura industrial— no se suman al conflicto anterior: lo reconfiguran.

Con eso cierro el tema y me quedo con la formulación que ya desarrollé en la respuesta sobre gobernanza interactiva: la idea no es eliminar al Estado, sino que sea uno más en una red donde todos tienen responsabilidad sobre el mar y sus recursos.

Antes de recorrer las líneas conviene que tenga el argumento de fondo, porque me sirve tanto para abrir una respuesta como para justificar un proyecto. Canarias reúne cuatro condiciones que rara vez coinciden.

Ya trabajé el marco conceptual en el Tema IV. Aquí me interesa el inventario de casos, porque es lo que me permite responder con nombres propios en vez de con generalidades.

Hay una línea reciente que me parece especialmente aprovechable para un trabajo propio: la de gobernar desde las imágenes. Si las figuras de protección encierran un conjunto de suposiciones sobre cómo se desenvolverá el entorno protegido y qué valor generará para cada agente, entonces analizar esas imágenes —qué esperan del área los pescadores, los buceadores, los gestores y los conservacionistas— es una investigación en sí misma, y además factible con entrevistas.

Y otra que conecta con el presente: qué aporta el estudio de las áreas protegidas a las etnografías del cambio climático. El llamado cambio global obliga a recuperar el enfoque sobre las estrategias de adaptación de las poblaciones imbricadas con los sistemas marinos, en un escenario donde los límites de los actores tradicionales se diluyen. De la Cruz Modino lo señala como terreno por recorrer, lo que en términos de proyecto significa hueco disponible.

Si algo he ido acumulando a lo largo de los cuatro temas anteriores es que sin organización previa no hay cogestión posible. Los elementos que resultaron clave en la creación y buena gobernanza de las figuras de protección marina son cuatro: la existencia de instituciones locales relativamente organizadas y con liderazgos internos —las cofradías—; la existencia de experiencias previas de acción colectiva, por ejemplo vinculadas a la comercialización; la presencia de administraciones locales implicadas, como ayuntamientos y cabildos; y la capacidad de diálogo con investigadores e instituciones científicas, contando en ocasiones con facilitadores que han sido antropólogos y antropólogas.

Las condiciones que dificultan la acción colectiva

Me conviene tenerlas en negativo, porque describen bastante bien el litoral canario actual: distintos grupos de usuarios en conflicto; distintas poblaciones utilizando un mismo recurso; múltiples usos; desarrollo industrial y cambio social rápido; existencia de alternativas a los usos tradicionales, de modo que ya no es vital conservarlos; contradicción entre el Estado y las organizaciones locales; y dificultad material de la exclusión y la vigilancia.

Esta línea me interesa porque conecta directamente con lo que vi en el Tema II sobre la circulación del producto, y porque es donde la pesca artesanal puede ganar sin pescar más — que es la única salida cuando el recurso no da para incrementar capturas.

El punto de partida histórico canario está en las estrategias domésticas de circulación: de la venta directa a los intermediarios, con las burriqueras de antaño en Agaete y el caminar de las mujeres en Tajao y El Pris llevando el pescado tierra adentro. Hoy el circuito lo componen vendedoras, bares, intermediarios y las propias cofradías, que intervienen en la comercialización además de organizar el acceso.

Las cuatro vías de valorización que puedo analizar

Este es, según el propio grupo, uno de los retos fundamentales para la implementación y la gobernabilidad de las áreas protegidas en España. Y tiene una asimetría de fondo que conviene que tenga clara: la pesca recreativa es una actividad de ocio con enorme número de practicantes y escasa organización formal, frente a una pesca profesional con pocos efectivos pero organizada en cofradías y con reconocimiento institucional. Números frente a estructura.

El nudo normativo es concreto: las regulaciones españolas tienden a prohibir la pesca recreativa desde embarcación mientras permiten a los profesionales pescar con artes tradicionales como la liña y el anzuelo. Eso ha generado conflictos en Tenerife, Girona y Mallorca. Y lo revelador, que ya anoté en el Tema III, es que en todos esos casos la iniciativa de crear la reserva partió de los profesionales, y que en algunos los recreativos consiguieron retrasar o parar los proyectos — Teno y Anaga son el ejemplo canario.

De ahí la lectura que me parece más potente: las áreas marinas protegidas pueden interpretarse como mecanismos territoriales que buscan evitar la presión de miles de embarcaciones recreativas. La conservación funciona, en parte, como el lenguaje legítimo en el que se expresa una disputa por el territorio que no podría plantearse abiertamente en esos términos.

El buceo recreativo es el uso que mejor ilustra la ambivalencia de una figura de protección, porque puede ser a la vez el mayor aliado y el mayor competidor de la pesca artesanal. Lo ordeno en dos columnas para no quedarme en una sola de ellas.

Que las agendas conservacionista y pesquera converjan o choquen depende, otra vez, del punto cero: de qué imágenes se compartieron al principio y de si el objetivo declarado se mantuvo. Jentoft, Chuenpagdee y Pascual-Fernández lo formulan como un problema de desplazamiento de objetivos — una figura creada para un fin acaba sirviendo a otro sin que nadie lo decida explícitamente. Es probablemente el concepto más fino del tema y el que mejor me sirve para no responder con un simple «hay conflictos».

La guía docente termina el temario pidiendo elaboración de proyectos de investigación. Esta es mi plantilla, construida con lo que la propia asignatura enseña sobre por qué fracasan las investigaciones pesqueras.